Sumisión en la Granja

La invasión llegó - Restaurar Sistema

EL ACUERDO PARA EXPORTAR CHANCHOS A CHINA 
SUMISIÓN EN LA GRANJA

La firma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Argentina y China generó fuertes debates en torno a temáticas que, si bien tendrían que ser eje central en la agenda de cualquier Estado, suelen quedar subyugadas ante crisis o cuestiones en apariencia más urgentes.

El pasado 18 de agosto, una charla organizada por el Foro Agrario Nacional en torno a este documento que permitiría la instalación en territorio nacional de granjas-factorías de cerdos para exportación, comenzó con casi todos sus oradores afirmando que estaban de acuerdo en que nuestro país debe obtener divisas para generar un desarrollo socio-económico nacional. 

Incluso, el documento presentado durante esa jornada por el Foro Agrario sostenía que “la demanda de carne de cerdo por parte de China abre una oportunidad”, en sintonía con las declaraciones del Subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero, quien afirmó que “si no es Argentina será otro país y, desde lo personal, lo lamentaría”.

Sin embargo, lejos de apoyar este accionar, en el mencionado cónclave se brindaron sobradas razones por las que la entidad no estaría de acuerdo con el proyecto y se sumaron otras ideas para el debate, focalizando en los innumerables riesgos ambientales que un acuerdo de este tipo podría traer a la región. El documento resultante se encuentra alojado para libre acceso en su sitio web. 

Las acciones virales de ecologistas, defensores de los derechos animales y diversas entidades lograron dilatar este tratado, que, sin embargo, ya tiene nueva fecha: 25 de noviembre. 

Inclusive, el canciller Felipe Solá viajó los primeros días del mes a la Feria Internacional Import Exposition (CIIE2020, en Shangai) junto a una delegación de empresarios para definir puntos cruciales del acuerdo con el ministro de Comercio chino Zhong Shan.

Por lo pronto, Cancillería todavía no se ha explayado con respecto a esta reunión ni ha brindado información sobre nuevas resoluciones. 

En cuestión de números, China se aseguraría con este proyecto hasta 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo, manufacturadas en mega granjas argentinas con capacidad para albergar a 300.000 hembras e instaladas en zonas dotadas con establecimientos agropecuarios de, como mínimo, 100 hectáreas, en puntos del país que garanticen la disponibilidad de al menos 17.000 hectáreas de maíz y soja, además de 1,5 millones de litros de agua por día (que, a pesar de ser materia para otro análisis apremiante, no podemos dejar de mencionar que podrían destinarse a distintas poblaciones vulnerables que no cuentan con esa posibilidad, sobre todo en un contexto de pandemia).

De esta manera, la cuestión económica desplazaría así, hacia los márgenes del debate a una política medioambiental y sanitaria que se presenta como urgente en el corto plazo, y los hechos demostrarían que la famosa mano invisible del mercado de la que hablaba Adam Smith es en realidad una mano adicta que estaría maximizando ganancias sin importar si el sistema, a la larga, se desploma. 

El colapso ambiental, sin dudas, formaría parte de un todo englobado por el fracaso de políticas públicas en materia de ecología, sanidad y, por supuesto, políticas agropecuarias adaptadas al mundo actual para un sector que, en su mayoría, todavía creería formar parte de la dorada época del modelo agroexportador de principios de Siglo XX.  

La vuelta al mundo 

Aunque suene exótico, China instala granjas en otros países. 

La explicación, en medio de una pandemia de origen zoonótico, no puede pasar inadvertida: en 2018, el país asiático sufrió un brote de la llamada Peste Porcina Africana (PPA), al igual que Alemania y Brasil hace pocos meses, elevado este último a una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico, cuya peligrosidad incluso fue advertida por la Organización Mundial de la Salud.

Con la finalidad de evitar su propagación, las autoridades chinas decidieron sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos, lo que implicó una disminución de producción entre 20 % y 50 %.

Llegados a este punto, para poder garantizar a su población el consumo de carne, se optó por trasladar la producción a otras tierras y, si bien Brasil es el socio comercial predilecto en nuestra región, las sucesivas devaluaciones argentinas redireccionaron el interés de los chinos hacia nuestro país. El cálculo, grosso modo, indicaría que, en Asia, los chinos suelen producir un kilo de carne de cerdo a razón de USD 2 mientras que en Argentina podrían generarlo por apenas 70 centavos de la misma moneda.

El gobierno de nuestro país, mientras tanto, desde marzo afirma que la prioridad la tiene la salud frente a la economía.  

Lo factual 

Lo curioso es que las primeras menciones sobre este acuerdo con China no surgieron desde del sector agropecuario ni tampoco de la Cancillería, sino que se deslizaron desde el laboratorio Biogénesis Bagó, propiedad del grupo INSUD, de Hugo Sigman, quien está trabajando a nivel nacional, además, en una vacuna contra el COVID-19. 

No es casual, sin embargo, que la industria farmacéutica, en este caso vinculada a la salud animal, tenga intereses en este tipo de negocios, ya que es sabido que donde existan producciones agropecuarias también habrá riesgo de enfermedades, necesidad de antibióticos y suplementos nutricionales, entre otros productos. 

De hecho, a principios de este año, un comunicado oficial de la empresa explicaba que “frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis Bagó con los principales productores de cerdos de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un período de 5 a 8 años”.

Así planteada la situación, estas megafactorías porcinas promoverían en muy poco tiempo un caudal de nacimientos cercano a los 6 millones de cabezas anuales que, según distintas organizaciones sociales y ambientalistas, y a raíz de la experiencia en España, Ucrania y otros países de Europa Oriental y Asia, derivarían en un nivel de contaminación inédito en nuestras aguas y suelos.  

Por último, otro aspecto ineludible es que, de promoverse esta iniciativa, podrían profundizarse los desmontes e incendios forestales, tanto para la instalación de criaderos como para la producción de transgénicos de soja y maíz sobre los que se basa la alimentación en un feed-lot.

Mientras tanto, el pasado 9 de noviembre se realizó una marcha y vigilia contra este acuerdo en diversos puntos del país, con foco en el Obelisco y Plaza de Mayo de Buenos Aires, pero replicada en grandes centros urbanos como Rosario, Córdoba, Rawson y Mendoza. 

Nuevas (viejas) formas de biopoder  

Sumergiéndonos brevemente en aguas filosóficas, nos encontraríamos con la cuestión ética, de la cual sólo tomaremos unos pocos argumentos, desde la óptica de Michel Foucault. 

De acuerdo con el sociólogo y filósofo francés, la biopolítica es una tecnología nacida entre los siglos XVIII y XIX, orientada a regular y gobernar poblaciones enteras en lo que respecta, principalmente, a fenómenos vitales como el nacimiento, la vejez, la invalidez, la higiene, la mortalidad, etc. 

Podría decirse, en síntesis, que la biopolítica operaría como biorreguladora de poblaciones humanas, animales y de nuestro entorno medioambiental. 

Este esquema de relaciones ha sido adaptado en forma muy sencilla a las granjas primitivas y, de allí, evolucionó en la industria ganadera. 

Por otro lado, al decir de Foucault, todo este paquete tecnológico se encontraría fuertemente articulado con la anatomopolítica o tecnología disciplinaria (órganodisciplina) que se constituyó entre los siglos XVII y XVIII, con el propósito de gobernar sobre cuerpos individuales en espacios cerrados, como en las llamadas instituciones disciplinarias: escuelas, cuarteles, fábricas, hospitales, etc. 

En ocasiones, el concepto de biopolítica fue empleado para hacer alusión a la articulación de ambas tecnologías, pero podría afirmarse que es, especialmente, el concepto de biopoder el que posibilita comprender dicho funcionamiento conjunto. Así, este último no sería otra cosa que el poder desplegado sobre cuerpos individuales y colectivos, y sobre el medio ambiente mismo, con el objetivo de gobernar las vidas humanas y animales, asegurando su uso como fuerza de trabajo productiva en el marco de los regímenes capitalistas.

Así, biopoder siempre se encontrará asociado con el Estado, sus instituciones y las dinámicas privadas reguladas por cada gobierno, en lo que es la forma de poder característica de lo que Foucault denominó sociedades de normalización. 

Las similitudes entre los hospitales mentales, las prisiones y los zoológicos no son casuales e inclusive Jacques Derrida creía que los límites que los poderes (político, policial, económico, psiquiátrico, etc.) pretenden asignar a los desplazamientos tanto de los animales en el jardín zoológico como de los enfermos en el hospital psiquiátrico, son límites supuestamente asignados a seres vivos irresponsables, a simples máquinas reaccionales.

En otras palabras, no sólo la vida humana y sus ambientes serían objeto de regulación, sino también la de los demás animales, plantas e, inclusive, virus, genomas, bacterias y cualquier forma viviente. 

Así, cada vez que un cerdo ingiere medicación (o cuando nosotros ingerimos una píldora para dormir) el cuerpo, en tanto sistema vivo, intercambiaría información con otros organismos previamente decodificados y recodificados a nivel químico y molecular, ingresando una vez más en nuevas dinámicas y entrecruzamientos manipulatorios.  

Dadas estas circunstancias, el biopoder daría lugar a la construcción de mundos complejos, donde participarían y se co-constituirían humanos y no humanos. En este contexto, las oportunidades de vida y muerte de todos los involucrados podrían ser redistribuidas y redefinidas continuamente. 

Al decir de Donna Haraway, esta dinámica abre espacio para abordar a los animales mismos y su relación con los seres humanos, más allá de contemplar el mero problema de la animalidad humana y, por otro lado, el despliegue de estas tecnologías exige que los animales humanos estén siendo permanentemente codificados, decodificados y recodificados con la ayuda de fragmentos de plantas, máquinas, elementos inorgánicos y de otros animales, esto no sólo con el fin de superar su estadio de animalidad, sino de superarse continuamente a sí mismos en tanto humanos.

Darle Chow Mein a los cerdos 

Siguiendo los razonamientos de Foucault y Haraway, sería posible afirmar que existen tres grandes dispositivos modernos de producción animal:  

1) las granjas industriales o tecnificadas y sus mataderos;  

2) los laboratorios de experimentación animal;  

3) los zoológicos, actualmente “en extinción” dentro de las sociedades occidentales.  

Cada uno de estos dispositivos tendría la finalidad de maximizar la utilidad de los cuerpos animales desde la perspectiva del hombre, en una acción que no trata de potenciar las vidas de los animales mismos, sino de poner esas vidas en relación con la satisfacción de necesidades humanas incesantemente producidas.

Este es otro de los puntos en los cuales interviene la política estatal en detrimento de otros factores, no sólo en términos filosóficos y éticos, sino también de sanidad (animal y humana) y en lo que respecta a la crisis medioambiental, incluyendo la procastinación de temáticas urgentes en pos de asegurar mayores ingresos a sus arcas. 

De esta forma, el poder estatal, el colapso económico y el ambiental se tomarían la mano, convirtiéndose así la solución económica del ingreso de dólares en el “dilema de la manta corta”, ya que en el supuesto se remediarían gran cantidad de urgencias monetarias en el corto plazo, pero, al mismo tiempo, quedarían al descubierto problemáticas más profundas y, con ellas, un debate que nos estamos debiendo como sociedad. 

En ese contexto, el pasado 29 de octubre, mientras se llevaba a cabo el violento desalojo en Guernica, la provincia de Chaco oficializó la instalación de tres granjas porcinas en su territorio, en un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa Feng Tian Food, financiado por el Banco de la Nación Argentina.  

A raíz de las protestas de los meses anteriores, cabría pensar en la posibilidad de que finalmente no se opere en la forma de acuerdo entre Argentina y China, sino de manera más solapada, entre gobiernos provinciales y empresas privadas, replicando la operatoria chaqueña en otras provincias. 

El resultado final, sin dudas, es el mismo que el memorándum discutido en octubre. 

Más allá de esto, en un contexto de pandemia y de incendios forestales ininterrumpidos, Greenpeace sostiene que la instalación de estas tres granjas industriales en Chaco generará más desmonte en una provincia que representa la mayor deforestación del país en los últimos 3 años.

Por otro lado, que Argentina necesita ampliar sus reservas de moneda extranjera es un hecho indudable y siempre conformaría uno de los objetivos del poder de turno, intentando sopesar una inflación en apariencia eterna.  

Esta sería, sin duda, una de las razones por las que cuando aparecen en escena este tipo de negociados, el Estado intenta agenciárselo para obtener réditos inmediatos. Así, al pretender estabilizar la pandemia económica, podrían llegarse a lograr objetivos postergados y, quien sabe, tal vez prosperar en el poder.  

El problema con estos negocios sería que, en la práctica, no logran construir países con mayor justicia social, ni economías integradas con el medioambiente, e inclusive tampoco fomentan el desarrollo de industrias locales.  

Ejemplos hay de sobra en nuestra historia reciente, siendo tal vez el boom de la soja de los 2000 el último, cuando se incrementaron los dólares en las arcas del Estado y con ellos se financiaron diversas conquistas sociales.  

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con la soja desde la implantación del modelo de siembra directa, en el que Argentina fue pionera, con las granjas porcinas chinas existe evidencia de experiencias concretas que han demostrado problemáticas sociales, ambientales y también económicas, en diversas regiones del mundo. 

Quizás otros ejemplos recientes, además del fenómeno sojero, hayan sido la megaminería, el fracking y el “affaire Vaca Muerta”. 

En este sentido, urge poner en discusión un debate profundo sobre la falacia que implica una economía basada en la extracción de recursos naturales para obtener divisas en forma veloz, con el objetivo de cubrir el déficit de un sistema, pero que generaría más déficit en el mediano plazo y, por supuesto, irreparables daños al medio ambiente. 

Lo cierto es que antes de prometer divisas para el país, es necesario analizar cuál es el costo real de la producción porcina y los costos ocultos del cultivo de soja, además del resto del paquete tecnológico y de insumos que requieren este tipo de explotaciones. 

Así, estas megafactorías forman parte del régimen global corporativo de agronegocios extractivo y contaminante, al tiempo que desde nuestro país no estamos mirando la gran cantidad de pandemias en ciernes derivadas de estas instalaciones a lo largo y ancho de mundo.

Dadas las circunstancias, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció a través de un tweet en su cuenta oficial que se iba a posponer hasta este mes la firma del documento con China para incorporar un artículo que refiere al respeto con las leyes ambientales, nos detuvimos a pensar si, en realidad, la propuesta anterior no contemplaba este aspecto.  

En este sentido, si hoy “todo lo que reluce es oro”, probablemente en unos años descubramos que esto era solamente un enchapado, como ya sucedió, históricamente, en más de una oportunidad. 

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Este artículo fue publicado originalmente en la Revista Bordes de la Universidad Nacional de José C. Paz, el 17 de noviembre de 2020.

Pueden acceder a la publicación original en: http://revistabordes.unpaz.edu.ar/sumision-en-la-granja/